CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS DE LA CAMPORA
Las elecciones nacionales de 2011 significarán un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Como pocas veces, la decisión que tomemos como pueblo nos marcará definitivamente.
No hay espacios para la duda, las opciones son claras y contundentes: continuamos avanzando en el camino iniciado por Néstor Kirchner, profundizando las transformaciones realizadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y consolidando un nuevo relato nacional y popular, o decidimos dar marcha atrás, bajo distintos ropajes, a recorrer senderos probadamente antipopulares.
La Cámpora, herramienta fundamental en el proceso de construcción del proyecto nacional-popular, sabe que el desafío político de cara al año electoral es determinante para el futuro de nuestra organización política y del pueblo.
Estamos convencidos que no sólo hay que militar para asegurar el triunfo eleccionario que garantice la continuidad de la gestión gubernamental y de las transformaciones estructurales que se están realizando, sino que también es fundamental organizar, potenciar y conducir las capacidades técnico-profesionales de los cuadros de la organización de cara al trasvasamiento generacional necesario para consolidar definitivamente el proyecto nacional y popular iniciado en el 2003.
La política es la herramienta más adecuada para impulsar transformaciones sociales. Bien lo saben los representantes, orgánicos o no, de los intereses concentrados, quienes, para conservar su poder, sistemáticamente buscan neutralizar la participación del pueblo y sus organizaciones en las diversas instancias de toma de decisiones sobre lo público.
Uno de los pilares fundamentales del modelo neoliberal radicó en la construcción simbólica del paradigma del técnico supuestamente apolítico. De esta manera la primacía del modelo del New managment público consolidó una idea: los campos del saber técnico y del saber político eran antitéticos. Esta concepción, que acarreó un desdibujamiento de los cuadros político-técnicos, redundaron en el copamiento de los espacios de la gestión gubernamental por parte de consultoras “independientes”, especialmente contratadas para ello.
Esta supuesta subsunción de la política a la técnica, máxima estratagema discursiva de la lógica de gestión neoliberal, generó profesionales supuestamente “asépticos”, “puros”, “independientes”, reproductores de esquemas del pensamiento hegemónico.
La recuperación de la política (uno de los resultados de la llegada de Kirchner a la presidencia), no simplemente como gestión administrativa de recursos escasos sino como herramienta de transformación social, además de potenciar la militancia, especialmente la juvenil, el debate sobre lo público-político, las perspectivas futuras de consolidación del modelo de desarrollo con inclusión social e integración regional, abrió las puertas para discutir el rol de los equipos políticos-técnicos en la construcción de la realidad efectiva.
En el Centro de Estudios Políticos-La Cámpora no creemos en el modelo del profesional liberal. Estamos convencidos que este momento histórico requiere de técnicos-profesionales comprometidos con su pueblo, que piensen y actúen la política y la gestión con solidez profesional y compromiso ideológico y afectivo.
No nos disfrazamos de independientes. Somos profesionales y técnicos, de sólida formación académica y con experiencia comprobada. Nos definimos como militantes de un proyecto político; apoyamos la gestión de gobierno y las transformaciones que se están llevando adelante desde el gobierno nacional.
Por esto, el mejor aporte que podemos hacer a su consolidación es poner nuestro conocimiento y nuestra experiencia al servicio de las necesidades del proyecto colectivo, convencidos que se puede hacer una gestión de calidad, eficiente y eficaz sin por ello tener que bajar banderas. Consideramos que la clave está en la integralidad y solidez del proyecto que nos engloba y en la definición de que es necesaria una gestión de carácter militante.
En este marco, decidimos constituir el Centro de Estudios Políticos de La Cámpora como un espacio de pensamiento sobre la política y la gestión, abierto y participativo a profesionales y expertos en distintas áreas, comprometidos con una visión común sobre cómo abordar los desafíos del presente y del futuro.
El CEP - La Cámpora es un ámbito de debate y reflexión colectiva sobre la gestión gubernamental; queremos participar del diseño y ejecución de las políticas públicas en distintas áreas y niveles. Es federal; está integrado por profesionales de distintas provincias y propicia la multiplicación de CEPs locales diseminados por todo el país, capaces de aglutinar las capacidades técnico-profesionales locales.
El CEP está en condiciones de:
ü Pensar líneas de acción para los tres niveles de gestión: municipal, provincial y nacional, aportando a la consolidación del proyecto nacional en cada jurisdicción y en función de las necesidades políticas del proyecto a nivel local.
ü Realizar diagnósticos e investigaciones de distintas características sobre diversas cuestiones propias de la gestión pública y trabaje en la actualización doctrinaria.
ü Monitorear gestiones públicas municipales, provinciales y nacional.
ü Preparar Planes de Gestión Pública.
ü Instalar temas de debate en la agenda público-política y propuestas de políticas públicas.
ü Constituir equipos interdisciplinarios con un triple perfil: técnico/académico, de gestión aplicada y de militancia.
ü Promover y dar la discusión sobre la gestión pública en distintos ámbitos, especialmente en la academia, el territorio y el espacio público.
ü Participar del proceso de formación política de la militancia del espacio.
ü Proveer de insumos argumentales y documentales a la militancia territorial sobre temas que requieran difusión.
ü Realizar publicaciones periódicas en distintos formatos y para distintos públicos.
El trabajo del CEP - La Cámpora se apoya en cuatro pilares fundamentales: Soberanía Política, Independencia Económica, Justicia Social, Integración Latinoamericana. Estos ejes reactualizan las tres banderas históricas del peronismo en un escenario de integración regional, estructurando la práctica política de nuestra identidad nacional y siendo el norte de la gestión de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
¿Por qué elegimos estas 4 banderas?
La tradición nacional y popular representa nuestro acervo de cultura política con mayor densidad. En ella es posible encontrar los principios y fundamentos que encarnan nuestras banderas a lo largo de la historia de la Nación.
Venimos de los revolucionarios de Mayo de 1810, los héroes de las guerras de emancipación como Belgrano y San Martín, la figura conductora de Rosas, la resistencia de los gauchos bárbaros al proyecto civilizatorio, la experiencia Yrigoyenista, la llegada del gobierno popular de los trabajadores con Perón y de Evita en 1945, la gesta de la resistencia peronista, la experiencia de los setenta y la lucha contra el neoliberalismo.
Soberanía Política, Independencia Económica y Justicia Social significaron, y significan, mucho más que tres argumentos para encausar un proyecto de país. Son tres pilares que sumados hoy al de “Integración Latinoamericana” nos dotan de identidad en la construcción de un nosotros como pueblo. Un nosotros que debió ser reafirmado y reconducido como correlato de los cimbronazos recibidos en la historia argentina contemporánea.
Por esta razón, aparece la convicción militante, hoy más que nunca, de reafirmar nuestro proyecto en estas cuatro banderas cargadas de mística y de sueños, que llevan el peso incalculable del valor de tantos hombres y mujeres de nuestra tierra que imaginaron, traspiraron, e incluso dieron su vida por este proyecto de patria libre, justa y soberana, en el marco de una Latinoamérica unida.
Conmemoramos 200 años de la Revolución de Mayo, donde iniciamos nuestro camino hacia la soberanía. A diferencia del Centenario, la historia nos encuentra en la senda soñada por los patriotas de aquella gesta.
Una de las claves más tangibles del modelo iniciado en el 2003 es la recuperación de la política nacional y popular. Es decir, el ejercicio de tomar decisiones en favor de un proyecto que privilegie los intereses del conjunto de la población y en especial represente un beneficio concreto hacia los sectores populares.
Hablamos de recuperación, pues el proyecto neoliberal optó deliberadamente por relativizar el principio de soberanía política argumentando su caducidad frente a una sociedad globalizada. Su discurso tendía a reemplazar el juego político entre fuerzas antagónicas por una administración de carácter tecnocrático de aparente neutralidad, que en rigor sólo benefició a los capitales concentrados.
Durante aquel período, la enajenación de nuestra historia y la pérdida de la autonomía nacional, fueron plasmados en el diseño de una política exterior basada en la alineación automática a los intereses de la potencia norteamericana.
El cambio paradigmático, a partir del 25 de mayo del 2003, consistió en reorientar decisiones buscando fortalecer el principio de Soberanía Política. De esta manera, animada y sostenida por la movilización popular, la política retoma su condición de herramienta para la satisfacción de demandas y organización de la sociedad en su conjunto, colocando como eje fundamental la revalorización de nuestra soberanía.
La independencia económica como concepto y su ejercicio como acción aparecen hoy más vigentes que nunca para el desarrollo y consolidación de una patria libre, justa y soberana. No pretendemos encerrarnos en planteos vetustos o anacrónicos, negando la evolución y complejidad que ha evidenciado el desarrollo del sistema capitalista en los últimos cincuenta años, donde la globalización de los mercados, los sistemas productivos, y la complejización de las relaciones comerciales, productivas y laborales han evidenciado un cambio sustancial. Por el contrario, pretendemos quitar el velo a lo que nos parece evidente: que todo proceso de desarrollo nacional exitoso ha tenido como eje rector la independencia económica, entendida como el manejo soberano de los principales resortes de la economía doméstica, la construcción de autonomía en materia de educación, ciencia y tecnología, y la consolidación de una industria crecientemente compleja, dinámica y diversificada que descanse en inversiones productivas, posibilitando la generación de empleo de calidad con elevados y crecientes salarios reales y una mejor distribución funcional del ingreso, como principales motores dinamizadores del desarrollo económico.
El ejercicio de la independencia económica requiere un manejo macroeconómico y del sistema financiero al servicio del desarrollo, evitando las trilladas recetas neoliberales que han impuesto los organismos multilaterales, principalmente las del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condujeron a nuestros países a crisis recurrentes con impactos sociales devastadores; requiere un decidido apoyo a la diversificación y complejización del aparato productivo promoviendo industrias dinámicas e innovadoras, donde el capital nacional no rentista y las PyMEs juegan un rol fundamental; requiere generar e implementar mecanismos para controlar y redireccionar las estrategias de los grandes grupos concentrados, nacionales o extranjeros, para que en lugar de buscar rentas socialmente improductivas aprovechando su posición dominante, dediquen sus esfuerzos a mejorar su competitividad asumiendo inversiones de riesgo en el país y generando empleo de calidad; requiere hacer grandes esfuerzos para desarrollar el sistema educativo y de ciencia y tecnología, para recuperar el control de las principales fuentes del trabajo de calidad y de la competitividad genuinas; requiere extraer y aprovechar las rentas extraordinarias originadas en recursos naturales al servicio del desarrollo del conjunto de las fuerzas productivas y sociales; requiere la consolidación de una infraestructura que sustente los procesos de expansión y conecte la economía a lo largo y ancho del territorio nacional; requiere la recuperación del mercado interno para apuntalar la generación de valor agregado local.
Estos principios básicos, abandonados durante la década del noventa en nuestro país, han sido recuperados con más fuerza que nunca en el proceso iniciado en el año 2003. Desde entonces, Argentina ha transitado un cambio trascendental en su modelo económico, abandonando las recetas basadas en la acumulación vía especulación financiera con graves consecuencias en cuanto a destrucción del aparato productivo, de puestos de trabajo y distribución del ingreso, dando paso a un modelo basado en el desarrollo productivo con eje en la expansión de la industria y el trabajo nacional, sustentado en la generación de competitividad genuina, apoyado en el fortalecimiento del mercado interno y en un adecuado manejo macroeconómico.
La economía argentina logró por primera vez en décadas tornar compatible el equilibrio externo con la reducción del desempleo, el equilibrio de las cuentas públicas con la reducción de la pobreza y la indigencia, el desendeudamiento con el desarrollo industrial, el crecimiento del mercado interno con el salto exportador, el record de la inversión con una fuerte reducción de la desigualdad.
Estos logros no fueron obra del azar, ni del “viento de cola”, sino que se sustentaron en la férrea decisión política de quienes condujeron este proceso, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Luego de décadas, nuevamente, se puso la política económica al servicio de la sociedad, retomando y buscando consolidar la histórica bandera de la independencia económica. Esto se plasmó en medidas complementarias y consistentes en el campo macroeconómico y productivo, incluyendo la regulación de mercados concentrados y la política exterior, así como en lo referido a desarrollo científico, tecnológico y de infraestructura, que se retroalimentaron generando un entorno que volcó los esfuerzos sociales hacia las actividades más deseables para el desarrollo del país, por su impacto en el empleo, el crecimiento, la dinámica tecnológica, la agregación de valor local y la distribución del ingreso.
La independencia económica como concepto y como eje rector de la acción concreta está más vigente que nunca si procuramos pensar y trabajar por una nación libre, justa y soberana.
Justicia Social no es asistencialismo, beneficencia o teoría del derrame. Muchas de estas concepciones formaron parte del discurso hegemónico de la década del noventa. Se pretendió simplificar una realidad compleja, haciendo que la política social se focalice en acciones puntuales, con un enfoque paliativo de los impactos estructurales de la política neoliberal: incremento de las tasas de pobreza y desocupación, desintegración de los lazos sociales y fragmentación social inéditas en la historia contemporánea de nuestro país.
La homogeneización de las políticas sociales no hacen sino reproducir desde una lógica estatal una práctica característica del mercado. Para garantizar los derechos universales se requiere tomar como punto de partida una visión integral de las políticas sociales, atendiendo a elementos tan complejos como las fuentes de financiamiento y la reorientación de políticas ajustadas a la diversidad de necesidades y capacidades económicas de los potenciales beneficiarios.
Se hace necesario no incurrir en la falaz dicotomía entre políticas focalizadas o universales. Las políticas sociales deben entenderse como integrales y su objetivo prioritario dirigirse a la inclusión social a través de la generación de empleo, que es en definitiva la mejor política social.
Las capacidades del Estado deben poner el acento en la articulación de un proyecto económico y social con eje en el trabajo decente como motor principal para conseguir un país justo e igualitario. Este aspecto cobra vital importancia en relación a los sectores más vulnerables, habida cuenta que son éstos los que demandan al Estado mayores esfuerzos para integrarlos al crecimiento económico.
Se hace también necesario proteger a los sectores más indefensos, como son los niños y los jubilados, quienes se encuentran excluidos de la obtención de ciertos beneficios vinculados a la dinámica del trabajo. La respuesta a estos sectores debe darse a través de la aplicación de políticas públicas, desde una construcción colectiva de promoción, igualación y protección integral de derechos, que permita mejorar la calidad de vida de los hogares más desprotegidos.
La erradicación de la pobreza tiene que ser abordada con políticas públicas, económicas y sociales complementarias que promuevan la integración social a través de la generación de condiciones que favorezcan mayores niveles de justicia social articulando recursos y capacidades disponibles en el territorio para hacer efectivas las oportunidades de inclusión real. El fortalecimiento de las capacidades personales y sociales, el acceso a los bienes públicos básicos y la reconstrucción de las redes sociales deben conformar los objetivos estratégicos de todas las políticas sociales. La tarea no es sencilla pero, como dice nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “Mientras haya un pobre, un argentino que no haya conseguido un trabajo decente y registrado, queda camino por andar”
Por otro lado, resulta fundamental para que se haga efectiva la justicia social que se continué en la búsqueda de la memoria, la verdad, la justicia y el castigo a los responsables civiles y militares de la sangrienta dictadura que tuvo lugar en entre 1976 y 1983, que generó condiciones de posibilidad para la implementación de las políticas que se cristalizaron en la crisis social hacia fines del 2001.
Asimismo, se torna vital la igualación de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Para que estos derechos se hagan efectivos se requiere una justicia comprometida con la letra consagrada en la Constitución Nacional, con mecanismos de transparencia en la selección de todos sus miembros, mejorando la calidad institucional y permitiendo reconciliar a las instituciones con la sociedad.
La justicia social también debe ser una lente a través de la cual pensar las políticas de seguridad. El aumento del delito es un fenómeno multicausal, resultante en gran medida de la persistencia de importantes desigualdades sociales y altos niveles de exclusión. En consecuencia, no hay solución posible al problema de la seguridad si no se mejoran, como primera medida, las condiciones socioeconómicas de la población. La represión, el endurecimiento de penas o al aumento del despliegue policial territorial son políticas que se han comprobado ineficaces para prevenir y disminuir los índices del delito y sólo pretenden dar una respuesta rápida y simple sin atender la problemática de fondo.
La democratización y modernización de las instituciones de seguridad interior y el servicio penitenciario son medidas necesarias que deben darse en el marco de un cambio de paradigma respecto del abordaje del delito y la violencia que, sin desvalorizar los aportes que pueden realizar las instituciones policiales, incluyan y comprometan a otras agencias gubernamentales y actores no gubernamentales en el abordaje y resolución del problema.
En el mismo sentido, las políticas de la actual gestión ponen de relieve que uno de los pilares fundamentales en los que debe basarse una amplia concepción de la justicia social es la no criminalización de la protesta. Reivindicando, así, la movilización popular como una forma legítima de participación dentro de un sistema verdaderamente democrático.
El nuevo proyecto nacional encabezado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner significó una ruptura respecto del paradigma neoliberal que caracterizó la política exterior durante los anteriores gobiernos y llevaron a nuestro país a la subordinación y dependencia con las grandes potencias hegemónicas. La llegada al gobierno de Néstor Kirchner, dio inicio a una etapa en donde se reestablecieron y ampliaron los márgenes de la autonomía nacional como un eje fundamental de la política exterior, al mismo tiempo que el desarrollo nacional y la reducción de las desigualdades sociales se configuraron como elementos a defender en el escenario internacional.
Partiendo del fortalecimiento del derecho internacional y de la reconstrucción del multilateralismo como condiciones básicas para el respeto de la dignidad de los pueblos y la consecución de las prioridades nacionales, a partir del 2003, Argentina abandonó el patrón de las “relaciones carnales” y el alineamiento automático con los Estados Unidos y priorizó en su política exterior la construcción de una América Latina unida sustentada en los ideales de democracia y justicia social. Así, el MERCOSUR, y luego la UNASUR, se consolidaron como los ámbitos prioritarios de nuestro país para su proyección y posicionamiento internacional. Se erigieron como los espacios estratégicos para el desarrollo de políticas comunes que defiendan los intereses nacionales y para la resolución autónoma de los conflictos regionales.
En este sentido, el entierro del ALCA, promovido por los Estados Unidos para afianzar su injerencia en la región y promover sus intereses nacionales, significó un duro golpe a sus planes de intervención en los asuntos latinoamericanos y la recuperación de la soberanía regional, hoy ampliamente fortalecida. Sin embargo, ello no implicó desconocer la importancia del mantenimiento de relaciones con las potencias desarrolladas, a través de relaciones responsables, revalorizando al mismo tiempo las relaciones Sur-Sur, diversificando e intensificando vínculos políticos y comerciales, otrora monopolizados por las potencias centrales, con los países en desarrollo y las potencias emergentes.
Este nuevo lineamiento también tuvo su correlato en la posición internacional tomada por nuestro país en los distintos organismos multilaterales. La arquitectura internacional debe dar cuenta de los cambios operados en el sistema internacional y, en este sentido, Argentina sostuvo la necesidad de una mayor representación de los países en desarrollo en los organismos multilaterales y en la necesidad de garantizar una regulación equitativa del comercio internacional que respete y considere sus intereses.
Este nuevo posicionamiento, en una actitud positivamente disonante con la actuación argentina durante la década del noventa, también se reflejó en la relación con los organismos multilaterales de crédito. En contraposición al aumento del endeudamiento externo y el cumplimiento omiso de las condicionalidades impuestas por estos organismos durante la década pasada, nuestro país decidió la cancelación anticipada de deuda con el FMI y, poniendo fin a la tutela de este organismo, recuperó su independencia en el manejo de la política económica nacional.
